Rubinzal Online

DoctrinaOnline



Retroceso legislativo - Proyecto del Senado que desarticula la defensa de la legítima

Autor:  Ferrer, Francisco Alberto Magin

Cita: RC D 3225/2020

Encabezado:

Recientemente el Senado de la Nación aprobó un Proyecto de ley por el cual se suprime el efecto reipersecutorio de la acción de reducción, que protege la integridad de la cuota legítima que la ley asigna a los herederos forzosos en la herencia del causante. El autor realiza un análisis pormenorizado de los efectos y consecuencias que podría generar su aprobación en Diputados.


Retroceso legislativo - Proyecto del Senado que desarticula la defensa de la legítima

1. Recientemente el Senado de la Nación aprobó un Proyecto de ley por el cual se suprime el efecto reipersecutorio de la acción de reducción, la más tradicional y eficaz acción que protege la integridad de la cuota legítima que la ley asigna a los herederos forzosos, descendientes, ascendientes y cónyuge, en la herencia del causante.

Impulsado este Proyecto por el colectivo de notarios, reiteran un anterior Proyecto de igual tenor, pero con relación a las normas pertinentes del Código Civil derogado (arts. 1831 y 3955). En esa ocasión del año 2010, el Proyecto fue aprobado en Diputados y pasó a la Cámara de Senadores donde perdió estado legislativo. Hoy ha comenzado por Senadores logrando su aprobación, sin que muchos de los que votaron seguramente hayan tenido noción de los alcances de tal reforma.

En aquella ocasión la actividad de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), de la Asociación de Abogados de Buenos Aires y del Colegio Público de Abogados de Buenos Aires resultó decisiva para que no prosperara tal Proyecto. En una reunión plenaria realizada en Tucumán el 29 de octubre de 2010 la FACA aprobó por unanimidad la siguiente Declaración: "Declarar la gravedad institucional que provocaría la aprobación legislativa de la reforma de los arts. 1831 y 3955 del Código Civil, que propone, en síntesis, quitarle el efecto reipersecutorio a la acción de reducción y con ello dejarla sin efectividad, permitiendo la impune violación del régimen de legítimas hereditarias y la norma constitucional que impone la protección de la familia". A continuación se dispuso que se remitan estas conclusiones a las Comisiones pertinentes del H. Senado de la Nación, acompañando el dictamen elaborado por los Dres. Francisco A. M. Ferrer y Roberto M. Natale. Posteriormente, la Comisión del H. Senado que trataba el Proyecto convocó a los representantes de las instituciones de la abogacía organizada, y allí estuvimos con el siempre recordado y respetado jurista Roberto M. Natale, junto con Alejandro Borda y otros colegas convocados, y debimos confrontar con los representantes de la federación de colegios notariales. El Proyecto finalmente no tuvo sanción. 

2. Hoy nuevamente tenemos el mismo Proyecto adaptado a las normas del Código Civil y Comercial. La finalidad es idéntica: suprimir el efecto reivindicatorio de la acción de reducción. Esta acción funciona cuando donaciones efectuadas por el causante exceden la cuota de su patrimonio que la ley le permite disponer libremente, y arrebata total o parcialmente la cuota legítima reservada a los herederos legitimarios o forzosos (dos tercios la legítima de los descendientes; y la mitad de los ascendientes, y la del cónyuge supérstite, art. 2445). La acción persigue dejar sin efecto la donación en la medida necesaria para cubrir la legítima afectada. No se anula, sino, queda resuelta por cumplirse la condición resolutoria a la que estaba sujeta esa donación, cual es lesionar la legítima del heredero forzoso del donante. Por lo cual si el donatario ha enajenado el bien donado, al quedar sin eficacia la donación, como si no se hubiese realizado, se abre la acción reipersecutoria contra el subadquirente. Y esto adquiere importancia relevante cuando el donatario ha caído en la insolvencia, pues de carecer la acción de su alcance reivindicatorio el arrebato de la cuota legítima del heredero o de los herederos perjudicados, quedaría consumado y burlada la protección patrimonial sucesoria de la familia.

Pues bien, el Proyecto aprobado por el H. Senado confundiendo conceptos y desconociendo el fundamento de la acción protectoria de la legítima, elimina en cuatro normas su efecto reipersecutorio.

3. Las donaciones que pueden afectar la integridad de las legítimas pueden ser hechas a alguno de los propios herederos legitimarios, en perjuicio de los demás (art. 2386, Código Civil y Comercial), o a terceros, en perjuicio de todos los herederos (arts. 2457, 2458 y 2459). Tales son las normas modificadas por este Proyecto.

4. Art. 2386. El art. 2386, se refiere específicamente a las donaciones efectuadas a alguno de los descendientes o al cónyuge, y que deben colacionarse, o sea, se consideran como anticipo de herencia, por lo cual el valor de la donación debe imputarse a la porción hereditaria del donatario, Pero puede ocurrir que el valor de lo donado exceda esa porción, y ya no existan bienes en la herencia para compensar ese valor a los otros descendientes o al cónyuge. Y aún más: si hubiera mediado mejora o dispensa de la colación, puede suceder también que el donatum haya excedido ambas porciones, la disponible y la legítima del donatario. Por lo cual el excedente de ambas porciones está sujeta a reducción, como también lo estaría el excedente de la porción hereditaria del donatario cuando no ha mediado dispensa o mejora. Tal es lo que dispone el art. 2386, y es lógico porque ese exceso que ha recibido el donatario es precisamente la porción que les falta a sus coherederos para cubrir sus cuotas legítimas, pues en la herencia ya no quedan bienes para cubrirles ese faltante. La situación no estaba prevista en el Código de Vélez, por lo cual la solución doctrinaria y jurisprudencial fue la creación de un crédito a favor de los coherederos por el valor del faltante para integrar su cuota legítima, que se impuso a cargo del heredero donatario, a fin de garantizar la igualdad y proporcionalidad de los herederos[1]. Mientras aquel tuviese solvencia para pagarlo no hubo problemas. Pero advertidos de esta solución jurisprudencial, el heredero donatario comenzó a insolventarse. Y burlaba de tal modo a sus coherederos. La jurisprudencia siguió avanzando para impedir esta vulneración del sistema legal, y del principio de igualdad y de protección de la familia (arts. 14 bis y 16 CN), por lo que concluyó aplicando por analogía a los herederos forzosos, las reglas de la reducción, previstas para las donaciones a terceros extraños a la familia. Esta solución justa lograda después de una larga evolución, y aprobada por la doctrina prácticamente unánime[2], fue consagrada por el Código Civil y Comercial en el art. 2386: "La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a reducción por el valor del exceso".

El Proyecto aprobado por el H. Senado vuelve todo para atrás, pues asigna una nueva redacción al art. 2386: "Donaciones inoficiosas. La donación hecha a un descendiente o al cónyuge cuyo valor excede la suma de la porción disponible más la porción legítima del donatario, aunque haya dispensa de colación o mejora, está sujeta a colación, debiendo compensarse la diferencia en dinero". O sea, suprime la acción de reducción y su efecto reipersecutorio, consagrando la impunidad de la violación a los principios constitucionales de igualdad y de protección integral de la familia, y descartando de un plumazo la solución elaborada por la jurisprudencia y apoyada por prácticamente la unanimidad de la doctrina jurídica argentina.

5. Art. 2457. El art. 2457 del Código Civil y Comercial dispone, "Derechos reales constituidos por el donatario. La reducción extingue, con relación al legitimario, los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores". Esta disposición es una consecuencia del carácter resolutorio de la reducción, si cae el dominio de titularidad del donatario, que es lo principal, con mayor razón deben hacerlo las restricciones y gravámenes que el donatario o el subadquirente le hayan impuesto al bien donado, puesto que son accesorios, como las hipotecas, servidumbres, usufructo, uso, habitación, superficie, etc. Los bienes retornan intactos al heredero, libres de todo gravamen[3]. Por supuesto, si la restitución fuera parcial, en la parte que continuase reteniendo el donatario o el subadquirente seguirán vigentes los derechos reales que hubiese constituido.

Ahora bien, es preciso destacar que el efecto extintivo de la reducción sobre las garantías reales constituidas sobre los bienes donados, no afecta las relaciones jurídicas entre el legitimario y los terceros con quienes contrató. Es decir, que si cae la hipoteca sobre el bien donado que debe restituir, su deuda con el acreedor hipotecario seguirá vigente pero ya sin el amparo de la garantía real.

Y, a todo evento, sin perjuicio de tal efecto resolutorio de la reducción, la ley admite que el donatario y el subadquirente demandado, en su caso, puedan desinteresar al legitimario pagándole en dinero el valor del perjuicio en su legítima (art. 2458 del Código Civil y Comercial). 

Este régimen armónico y equilibrado que contempla el interés de todas las partes, ha sido suprimido de raíz por el Proyecto del H. Senado, desconociendo totalmente los derechos del heredero forzoso, a quien lo dejan indefenso frente al subadquirente, premiando así el despojo a su herencia.

En efecto, la nueva redacción propuesta para el articulo 2457 es la siguiente: "Derechos reales constituidos por el donatario. La reducción extingue con relación al legitimario, los derechos reales constituidos por el donatario o por sus sucesores. Sin embargo, la reducción declarada por los jueces, no afectará la validez de los derechos reales sobre bienes registrables constituidos o transmitidos por el donatario a favor de terceros de buena fe y a título oneroso."

El texto es erróneo e introduce confusión en el sistema legal. El subadquirente de un bien registrable, que previamente había sido donado al vendedor, nunca puede ser de buena fe, porque ésta requiere diligencia, y la diligencia consiste en investigar los antecedentes del título de dominio del vendedor. Para eso están los Registros (de la Propiedad, del Automotor, de los buques, de las aeronaves, etc). Y si hubo una donación previa en la cadena de transmisiones, saltará de los registros; y ya se sabe, porque la ley se presume conocida por todos (art. 8 CCC), que toda donación está sujeta a la condición resolutoria de que no perjudique la legítima de los herederos forzosos. Por lo tanto, quien adquirió en esas condiciones, sabe que la donación es un título vulnerable si llega a lesionar la legítima de los herederos forzosos del donante. En consecuencia, el tercer adquirente no puede alegar buena fe porque él debió realizar un examen de los antecedentes dominiales del bien que adquirió, de donde hubiese surgido una donación en la cadena de transmisiones, y esta tarea le incumbe inexcusablemente al propio adquirente si quiere luego invocar su buena fe[4].

El Proyecto borra estos conceptos jurídicos elementales y le asigna buena fe a quien nunca la podría oponer en nuestro ordenamiento legal.

6. Art. 2458. El art. 2458 del Código Civil y Comercial establece: "Acción reipersecutoria. El legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima".

Por consiguiente, el heredero legitimario lesionado en su legítima por la donación del causante de bienes registrables tiene acción no solo contra el donatario, sino también contra el subadquirente del mismo, sea a título oneroso o gratuito, e incluso contra los demás y eventuales subadquirentes sucesivos, por la circunstancia, según dijimos, de que la acción de reducción persigue resolver la donación en la medida en que haya lesionado a la legítima. Con ese alcance, si prospera la acción, el donatario queda sin derecho alguno sobre el bien, por lo cual si lo ha enajenado, lo ha hecho sin derecho y por eso cae la venta o liberalidad que haya efectuado. Esta vicisitud da lugar a que se suscite otra cuestión con respecto al subadquirente a título oneroso, en función del efecto reipersecutorio de la acción, pues: ¿puede éste oponer al heredero forzoso demandante la defensa de que es adquirente a título oneroso y de buena fe, fundado en el art. 392 del Código Civil y Comercial? Este precepto dispone: "Todos los derechos reales o personales transmitidos a terceros sobre un inmueble o mueble registrable, por una persona que ha resultado adquirente en virtud de un acto nulo quedan sin ningún valor, y pueden ser reclamados directamente del tercero, excepto contra el subadquirente de derechos reales o personales de buena fe y a título oneroso".

La cuestión ya se había planteado con relación al art. 1051 del Código Civil derogado, de similar tenor que el actual art. 392. Y hubo dos posturas: para una, notoriamente minoritaria, la norma protegía a todos los subadquirentes en las hipótesis de invalidez y de ineficacia, por consiguiente, en los casos de nulidad, resolución y revocación del acto de transferencia, pues no hay razón alguna para que los adquirentes de bienes anteriormente donados por el causante, y adquiridos a título oneroso de buena fe, tengan un trato diferencial. En consecuencia el efecto reipersecutorio de la acción de reducción (arts. 2458 del Código Civil y Comercial, y 3955 del Código Civil derogado) solo procedería contra los terceros adquirentes de mala fe o a título gratuito. Además aquellas normas (arts. 1051 del Código Civil derogado y 392 del Código Civil y Comercial) protegen la seguridad del tráfico jurídico[5].
 
La otra posición, ampliamente mayoritaria, contesta con fundamentos incontrastables que el art. 1051 del Código Civil derogado (hoy art. 392 del Código Civil y Comercial) ampara al tercero cuando el transmitente había obtenido la titularidad del derecho en virtud de un acto nulo o anulable, pero en este caso no hubo nulidad del acto antecedente, sino que el donatario recibió el bien del causante por una donación perfectamente válida, sin adolecer de ningún vicio de origen. Lo que ocurre es que si el donante tenía herederos forzosos al tiempo de la donación, ese acto gratuito queda sujeto a la condición resolutoria de que afecte la legítima de aquellos herederos, lo que se determina al momento de apertura de la sucesión del donante. Si la afectación de la legítima se comprueba, se ha cumplido la condición resolutoria, y entonces la donación queda resuelta en la medida en que ha lesionado la legítima. Y la resolución de la donación es una vicisitud distinta a la nulidad aludida por el art. 392 (similar al art. 1051 del Código de Vélez), por lo cual dicho supuesto resolutivo no está comprendido en la citada norma. Asimismo, el tercer adquirente no puede alegar buena fe porque él debió realizar un examen de los antecedentes dominiales del bien que adquirió, de donde hubiese surgido una donación en la cadena de transmisiones, como ya señalamos. También se destaca que si se hace prevalecer la regla del art. 1051 del Código Civil derogado (hoy art. 392 del Código Civil y Comercial), los herederos forzosos quedarían desprotegidos y se consumaría la burla al régimen legitimario, a través de los actos de transferencias onerosas de dichos bienes (reales o ficticias) que celebre el donatario a favor de terceros. Todos estos argumentos siguen vigentes y aplicables al art. 392 del Código Civil y Comercial, cuya contundente claridad impide aceptar una interpretación extensiva distorsionante de su texto que persiga ampliar el ámbito de aplicación de una norma de excepción, que por ello mismo es de aplicación restrictiva. Se concluye, por lo tanto, que la vigencia de la regla del art. 392 no afecta la procedencia del efecto reipersecutorio de la acción de reducción[6].

La Comisión Redactora del Código Civil y Comercial, en conocimiento de esta cuestión interpretativa de los alcances de la acción de reducción frente a lo dispuesto por el ex art. 1051, habría podido disponer expresamente que mediando una anterior transferencia anulada, revocada o resuelta, quedan a salvo los derechos del subadquirente a título oneroso y de buena fe. Pero no lo hizo, y dejó al artículo casi prácticamente igual, ampliando incluso sus alcances, pues dispuso que el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los "bienes registrables", cuando el ex art. 3955 sólo se refería a bienes inmuebles. Resulta así evidente la voluntad del legislador de mantener el efecto reipersecutorio de la acción de reducción contra subadquirentes de los bienes donados, con arreglo a la doctrina predominante. 

Pero ahora sorpresivamente se modifica el art. 2458 agregando al comienzo el párrafo "Salvo lo dispuesto en el artículo anterior", y continúa con el mismo texto: "el legitimario puede perseguir contra terceros adquirentes los bienes registrables. El donatario y el subadquirente demandado, en su caso, pueden desinteresar al legitimario satisfaciendo en dinero el perjuicio a la cuota legítima". La remisión al artículo anterior significa que queda a salvo el subadquirente a título oneroso y de buena fe, y sumado al último párrafo que agregaron al art. 2459 "No obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación", significa que han modificado la naturaleza de la donación efectuada por un donante que tiene herederos forzosos: de título vulnerable, sujeto a condición resolutoria si lesionaba la legítima de los herederos forzosos, pasa a ser un título perfecto, invulnerable, por más que despoje de su herencia a los descendientes o al cónyuge del causante, porque el subadquirente aún cuando conociera el antecedente de la donación, y que el donante tenía herederos forzosos, siempre quedará a cubierto del efecto reipersecutorio de la acción de reducción. Se dirá que debería probarse su mala fe. Pero ¿en qué consiste? ¿En que el subadquierente conocía que con la donación se violaba la legítima? ¿Y cómo se prueba, si la lesión a la legítima recién se puede demostrar a la muerte del causante, cuando se forma la masa de cálculo para determinar su cuota y la porción disponible? Es, entonces, imposible.

Por lo cual, si el donatario (heredero o extraño) resultase insolvente luego de vender el bien donado, quedaría consagrada, bajo el paragua de la ley, la impunidad del despojo de la herencia a los descendientes o al cónyuge del causante. ¿Y la garantía de protección integral de la familia del art. 14 bis de la Constitución Nacional? Se olvidaron. Y si la donación del bien más valioso de la herencia se hizo a un hijo, y éste posteriormente lo vendió y quedo insolvente, sus hermanos no podrán promover ni la colación ni la reducción. Quedaron con chucherias, sin herencia. ¿Y el principio de igualdad de los hijos? Se olvidaron. 

Los autores del Proyecto pretenden fundar este resultado inicuo afirmando que la norma propuesta está en concordancia con el art. 392, Código Civil y Comercial, con lo cual confunden conceptos, porque ese artículo sólo contempla el caso de nulidad del título antecedente, y aquí no hay nulidad, sino resolución de la donación por lesionar la legítima. Además, aquella norma por ser de excepción no se puede extender por analogía.

7. Art. 2459. Dispone esta norma del Código Civil y Comercial: "Prescripción adquisitiva. La acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años computados desde la adquisición de la posesión. Se aplica el artículo 1901".

Como medio para detener el efecto reipersecutorio de la acción de reducción, este artículo prevé la prescripción adquisitiva breve de diez años ejercida por el donatario (arts. 1898 y 1902 CCC), y, en su caso, por el subadquirente que puede completar dicho plazo, continuando la posesión del donatario (art. 1901 del Código Civil y Comercial). Y se dispone que la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente cuando han cumplido diez años desde el comienzo de la posesión. Este extraño remedio ha sido impugnado por antijurídico por la doctrina con fundamento en las siguientes razones:

a) Porque dicho plazo de prescripción adquisitiva empieza a correr desde que el donatario entra en posesión del bien, y transcurre en vida del causante, en un tiempo en que el heredero forzoso presuntivo no tiene acción para defenderse, porque ésta recién le nace con la muerte del donante, cuando adquiere la calidad de heredero, en cuya oportunidad frecuentemente ya se habrá cumplido aquel plazo de diez años, con lo cual se consuma el perjuicio, quedando impune. En otras palabras: cuando nace la acción, ya nace muerta por causa de un plazo de prescripción que se cumplió cuando aquélla aún no había nacido, contrariando así un principio jurídico elemental: el curso de la prescripción nace con la acción. Resulta claro, además, que con el arbitrio proyectado se lesiona el derecho de defensa del heredero forzoso perjudicado por la donación del autor de la sucesión, y el principio de igualdad entre los herederos, si esa donación se ha hecho a uno de ellos. 

b) Por otra parte, el arbitrio innovador del art. 2459, desconoce otra elemental noción sucesoria: el cálculo para determinar y fijar el monto de la legítima recién se puede efectuar después de fallecer el causante, sobre la masa de bienes que dejó en ese momento, menos las deudas, a cuyo resultado se suman el valor de las donaciones que hizo en vida. Y es en esta oportunidad, y no en vida del causante, que podrá el heredero forzoso determinar si su porción legítima ha sido o no violada por el acto liberal de su causante; y si comprueba la lesión, entonces recién podrá ejercer la acción protectora, que es la de reducción.

Por estas razones, desde una perspectiva jurídica y constitucional, la única prescripción oponible al heredero forzoso perjudicado en su legítima por la donación de su causante, es aquella que empieza a correr desde el fallecimiento de este último, cuando nace su título de heredero, tiene la oportunidad de verificar si su cuota legítima ha sido afectada, y nace la acción para reclamar la integración de su derecho hereditario vulnerado[7].

Este mecanismo cuestionado del art. 2459 se podría aplicar también a uno o algunos de los herederos forzosos, si el causante ha donado a éstos todo su patrimonio o la parte principal del mismo, con lo cual se abre la posibilidad de dejar absolutamente indefensos a los demás herederos legitimarios si la donación queda consolidada con los diez años de posesión, pues no procedería ni la colación ni la reducción, y se consumaría así la burla al régimen de la herencia forzosa y al principio de igualdad de los herederos[8].

El Proyecto del H. Senado reafirma este arbitrio al agregar al texto del art. 2459 dos párrafos: "En cualquier caso", no procederá la acción de reducción contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante diez años. "No obstará la buena fe del poseedor el conocimiento de la existencia de la donación". Con lo cual cierran definitivamente el mecanismo para dejar indefenso al heredero forzoso que ha sido despojado de su herencia.

8. Valoración del Proyecto. Su inconstitucionalidad.
Los autores del Proyecto al presentarlo a la Cámara arguyen que persiguen "mejorar" el Código Civil y Comercial, pero es una falacia. Incurriendo en errores conceptuales, confunden y desvirtúan el sistema de legítimas, al estructurar un régimen que frustra totalmente el mecanismo defensivo del heredero forzoso lesionado, con desconocimiento de las garantías constitucionales de la propiedad, de la herencia[9], de la igualdad y de la protección integral de la familia (arts. 14 bis, 16, 17, Const. Nacional; art. 5, d-vi, Convención Internacional sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial).

Al sancionar esta desprotección, y dejar inerme al heredero, ya no se justifica mantener el sistema legitimario. Pues resulta contradictorio mantenerlo y a la vez suprimir la eficacia de la acción que garantiza su vigencia. Un derecho sin acción judicial eficaz que lo proteja, tiene sólo existencia teórica, no real. O sea, la solución franca y directa hubiese sido pasar al régimen de la libertad de testar. Pero no lo hicieron porque es un hecho cierto y notorio que la libertad absoluta de testar es totalmente ajena a nuestras costumbres. No existe en nuestro país una costumbre difundida de testar. Y lo demuestran las estadísticas de los poderes judiciales de las distintas jurisdicciones: la abrumadora mayoría de las sucesiones son ab intestato. Por lo común, sólo suelen otorgar testamento quienes carecen de herederos forzosos.

La Comisión Redactora del CCC, sobre la base de los anteriores Proyectos de Reforma, de la doctrina y la jurisprudencia y de una amplia participación del público en general y de grupos de trabajo[10], decidió mantener el sistema de legítimas con una regulación que se considera, en general, equilibrada y equitativa, entre la libertad de disponer de su patrimonio para después de su muerte y la protección patrimonial de sus familiares más cercanos con fundamento en la moral y en la solidaridad familiar. 

Se mantuvo la eficacia de la acción protectora de la legítima, aunque se la debilitó con la extraña prescripción adquisitiva del art. 2459, incoherencia que se debería corregir[11]. Pero ahora se sanciona un Proyecto de un día para otro, que directamente arrasa con la acción protectora de la legítima, e indirectamente cambia la naturaleza de la legítima: ya no será un derecho sobre los bienes de la herencia, sino un crédito, que sólo se podrá cobrar si el donatario es solvente. De lo contrario, el heredero queda irremediablemente burlado en su derecho. Y no se ha dado la oportunidad de debatir este profundo cambio en las instituciones que tienen competencia en la materia, de requerir la opinión de los especialistas, etc. 

Por otra parte, tampoco se consideró que está fuertemente arraigada en nuestro modo de vida y en la conciencia social la idea de la distribución igualitaria y proporcional de la herencia conforme lo dispone la ley, y de ahí la escasa tendencia a quebrar esa igualdad[12]. La legítima, señala Lafaille, crea en la familia la igualdad que ha sido consagrada en el orden político[13], a la par que evita los riesgos de un mal uso de la libertad de disponer liberalmente de los bienes por la debilidad de espíritu, por las pasiones o por los desajustes de conductas de los sujetos en perjuicio de sus familiares próximos. Y esa igualdad está garantizada por las acciones de colación y de reducción, ejercidas conjuntamente (art. 2386). Pero con este Proyecto desaparece esa garantía.

Se destaca en los fundamentos del Proyecto la inconveniencia del régimen legitimario por la circunstancia de que no es infrecuente que se lo pretenda eludir haciendo donaciones simuladas bajo la cobertura de una venta, para beneficiar a un hijo o nieto, o para beneficiar a un tercero. No advierten que con esos actos se quiebra la igualdad de los herederos y se los perjudica, violando los límites que impone la ley. Y disimulan que tales actos en fraude de la ley, en realidad, no son tan frecuente como para influir en el tráfico inmobiliario, y además no alcanzan a conmover los fundamentos del sistema legitimario[14]. Del mismo modo, tampoco los actos dispositivos de bienes en fraude de acreedores afectan la dinámica del tráfico jurídico y la vigencia de su regulación legal. 

El sistema legitimario, flexibilizado por el Código Civil y Comercial concuerda con las supremas reglas constitucionales, porque los derechos fundamentales que consagra la Constitución Nacional no tienen carácter absoluto, están sujetos a las leyes que reglamentan su ejercicio: la propiedad está limitada por su función social, cuya función implica la protección integral de la familia, por exigencia del bien común en razón de que la familia constituye el núcleo natural y básico de la sociedad; y esta protección comprende el aspecto patrimonial cuya cobertura también se implementa y se logra, entre otros mecanismos, a través del derecho sucesorio y el régimen de legítimas con su acción defensiva, la acción de reducción cuya eficacia depende de sus efectos reipersecutorios y cuyo fundamento constitucional resulta de tal modo innegable (art. 14 y 14bis Constitución Nacional; art. VI, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; art. 16.1 y 3, Declaración Universal de Derechos Humanos; art. 23, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; arts. 17.1 y 21, Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica)[15]

Finalmente, hay que recordar que el legislador ha querido la vulnerabilidad de la donación de quien tiene herederos forzosos precisamente para protegerlos[16], otorgándoles a éstos la acción de reducción. Privar a esta acción de su efecto reipersecutorio significa privar de amparo legal a los herederos perjudicados por los actos liberales del causante, con lo cual perderá vigencia real el sistema legitimario y desaparecerá el puntal máximo que el derecho sucesorio aporta a la protección patrimonial de la familia.

Estas consecuencias significan un grave y perjudicial retroceso para nuestra legislación civil, y vician manifiestamente de inconstitucionalidad el Proyecto, en tanto incumple y violenta el mandato constitucional y de los tratados y convenciones sobre derechos humanos de promover y consagrar plenamente la protección integral de la familia.

[1]

Cám. Civil en Pleno, Capital, 11/6/1912, J.A. 5-1; Cám. Fed. Paraná, 28/8/1940, J.A. 72-408; CNCiv Sala A (voto dr. Llambías), 8/11/1968, J.A. 1970-8-3; CCC, Rosario, Sala 4ta, 25/10/76, ZEUS 11-R. 10, fallo n° 474; CCC Santa Fe, Sala 2da., 15/5/78, L. L. Suplemento Provincial 1979-162 y ss.; etc. MENDEZ COSTA, María J.: Los herederos ante las ventas simuladas de su causante, n° 14, en Estudios jurídicos notariales en homenaje a Carlos A- Pelosi, Instituto Argentino de Cultura Notarial, Bs.As., 1981; SPOTA, Alberto G.: Donación disfrazada, acción de reducción y dispensa de colación, L. L. 1986-B-85, etc.

[2]

CNCiv Sala A, 29/8/85, L. L. 1986-B-85; etc; BORDA, Guillermo A.: Trat. de der. civil. Sucesiones, 9na. ed., L. L., Bs.As., 2008, t. II, n° 996, y sus referencias; recomendación unánime aprobada por las XVIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Buenos Aires, septiembre 2001): "La acción de colación de que gozan los herederos forzosos no obsta el ejercicio de la acción de reducción por parte de los mismos cuando se encuentra vulnerada la legítima hereditaria".

[3]

CNCiv., sala D, 16/6/2005, JA, 2006-I-88.

[4]

GUASTAVINO, Elías P., La protección a terceros adquirentes de inmuebles, JA, Doctrina, 1973-93, núms. 11 y 12; ALTERINI, Atilio A.: Estudio de títulos, L. L., 1981-B, 958; BELLUSCIO-MAFFIA: Derecho sucesorio, Astrea, Bs.As., 2020, parag. 340, p. 378.

[5]

PÉREZ LASALA, José Luis, Derecho de sucesiones, Depalma, Buenos Aires, 1981, Tº II, núm. 696-b), y en PÉREZ LASALA, José Luis y MEDINA, Graciela, Acciones judiciales en el derecho sucesorio, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe - Buenos Aires, núm. 43; MOSSET ITURRASPE, Jorge, Justicia contractual, Ediar, Buenos Aires, 1977, p. 161, y "Naturaleza del dominio adquirido a través de donaciones de quien tiene herederos forzosos ¿Se trata de un dominio imperfecto?", Rev. Derecho Privado y Comunitario, 2002-2, p. 63; PÉREZ LASALA, Fernando, Defensa del tráfico jurídico inmobiliario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe - Buenos Aires, 2011, núms. 117,118 y 128; CNCiv., sala E, voto Dr. Mirás, 9/12/1988, JA, 1989-II-175.

[6]

En este sentido, la opinión ampliamente predominante anterior y posterior al Código Civil y Comercial: GUASTAVINO, Elías P., La protección a terceros adquirentes de inmuebles, JA, Doctrina, 1973-93, núms. 20, 22 y 23; BORDA, Guillermo A., La reforma de 1968 al Código Civil, Perrot, Buenos Aires, 1971, núm. 109; y Tratado de derecho civil. Sucesiones, 9ª edición, L. L., Buenos Aires, 2008, Tº II, núm. 998; MAFFÍA, Jorge, Tratado de las sucesiones, 2ª edición, actualizada por Hernández y Ugarte, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, T. II, núm. 965; ZANNONI, Eduardo A., Derecho de las sucesiones, 5ª edición, Astrea, Buenos Aires, 2008, T. 2, núm. 984; ADROGUÉ, Manuel, El art. 1051 y su influencia sobre el régimen de los derechos reales, L. L., 143-1180; CIFUENTES, Santos, Negocio jurídico, 2ª edición, Astrea, Buenos Aires, 2004, núm. 385, p. 810; y en BELLUSCIO, Augusto C. y ZANNONI, Eduardo, Código Civil y leyes complementarias, Astrea, Buenos Aires, 1982, Tº 4, p. 733, núm. 7; NATALE, Roberto M., La acción de reducción, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Córdoba, 2008, pp. 263/6; FERRER, Francisco M. La acción de reducción, en Sucesiones (Libro homenaje a la profesora doctora María Josefa Méndez Costa), Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 1991, p. 193, núm. 43, y en Código Civil Comentado. Sucesiones, 2ª edición, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, Buenos Aires, 2010, Tº II, pp. 174/175; PERRINO, Jorge O., Derecho de las sucesiones, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2011, Tº II, núms. 2082 y 2101;ORLANDI, Olga, La legítima y sus modos de protección, 2ª edición, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2010, pp. 203/4, núm. 1.10.3; LO PRETE, Octavio, Acciones protectoras de la legítima, Hammurabi, Buenos Aires, 2009, pp. 121/122. Y con relación a los arts. 392 y 2458 del Código Civil y Comercial, FERRER, Francisco A. M., CÓRDOBA, Marcos M. y NATALE, Roberto M., Observaciones al Proyecto de Código Civil y Comercial en materia sucesoria, Rev. Derecho de Familia y de las Personas, octubre 2012, p. 127, núm. 25; FERRER, Francisco A. M., El derecho de sucesiones en el Proyecto de Código Civil y Comercial, en Rev. de Derecho Privado y Comunitario, 2012-3, p. 609; PITRAU, Osvaldo y otros, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, dirigido por Julio C. Rivera y Graciela Medina, L. L., Buenos Aires, 2014, T. VI, p. 427; AZPIRI, Jorge O., Derecho sucesorio, 5ta edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2017, pp. 305/306, y en BUERES, Alberto J. (dir): Código Civil y Comercial. Análisis doctrinal y jurisprudencial, Hammurabi, Bs.As., 2017, t. 5, p. 503/504; GOYENA COPELLO, Héctor R., Tratado del derecho de sucesión, 3ra edición, L. L., Buenos Aires, 2015, T. III, pp. 396/397 y 400/402; IGLESIAS, Mariana, en IGLESIAS-KRASNOW: Derecho de las familias y de las sucesiones, L. L., Bs.As., 2017, p. 1118/1119; BELLUSCIO-MAFFIA: Derecho sucesorio, Astrea, Bs.As., 2020, parág. 340; HERNANDEZ-UGARTE: Tratado de las sucesiones, Abeledo Perrot, Bs.As., 2020, t. II, p. 405.

[7]

De acuerdo: FERRER, Francisco, CÓRDOBA, Marcos M., y NATALE, Roberto M., Observaciones al proyecto de Código Civil y Comercial en materia sucesoria, DFyP, octubre 2012, p. 127, núm. 26; ZANNONI, Eduardo A., Algunos aspectos sobre la igualdad entre herederos forzosos y la protección de la legítima en el Proyecto de Código Civil, en Revista de Derecho Privado y Comunitario, Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2012-3, núm. 10, pp. 667/8, y en la misma Revista, año 2015, número extraordinario, Algunos aspectos del derecho sucesorio en el nuevo Código Civil, pp. 394/395; FERRER, Francisco A.M., en ALTERINI, Jorge H. (dir)-ALTERINI, Ignacio E. (coord): Código Civil y Comercial. Tratado exegético, L. L., 3ra..ed., Bs.As., 2019, p. 668/671; AZPIRI, Jorge O., I Derecho sucesorio, 5ta ed., Hammurabi, Buenos Aires, 2017, pp. 307/308; ROLLERI, Gabriel, en MEDINA-ROLLERI: Derecho de las sucesiones, Abeledo perrot, Bs.As., 2017, p. 622; AMARANTE, Antonio A., La legítima en el Proyecto de Código Civil y Comercial, Rev. Derecho de Familia y de las Personas, núm. 10, noviembre 2012, pp. 171/3; DI LELLA, Pedro, Aproximación a las modificaciones más relevantes en materia de sucesiones que propone el Anteproyecto de Código Civil, JA, 2012-III, núm. XLIV, p. 1415; HERNANDEZ-UGARTE; Tratado de las sucesiones, cit., t. II, p. 406/408.

[8]

De acuerdo: PEREZ LASALA, Fernando: La colación en el Anteproyecto de Código Civil, n° XII, en J.A. 2012-III.

[9]

C.S.N., 30/6/1941, Fallos 190:159; LAFAILLE, H.: Curso de derecho civil. Sucesiones, compilado por I.P. Argüello y P. Frutos, Biblioteca Jurídica Argentina, Bs.As., 1932,, t. I, nº 7; BIDART CAMPOS, Germán: Tratado de derecho constitucional, Ediar, Bs.As., 1995, t. I, p. 488; y Manual de la Constitución reformada, Ediar, Bs.As., 1998, t. II, p. 125; BADENI, Gregorio: Instituciones de derecho constitucional, ed Ad-Hoc, Bs.As., 1997, t. I, págs. 460/461; QUIROGA LAVIE-BENEDETTI-CENICACELAYA: Derecho constitucional argentino, Rubinzal-Culzoni, Sta. Fe, 2001, p. 203.

[10]

Fundamentos del Anteproyecto, II: Método.

[11]

Así lo propone el Anteproyecto de Reformas al Código Civil y Comercial de 2018, receptando la solución de los Código Civiles alemán (art. 2325-2° párr.) y de Cataluña (art. 451-5): sólo son reducible las donaciones efectuadas por el causante en sus últimos diez años. Desde luego, esta atinada solución no ha sido tomado en cuenta por quienes aprobaron el Proyecto del H. Senado.

[12]

El legislador no ha podido prescindir de esta realidad, porque como explica Jean CARBONNIER, "edifica su derecho con los hechos". Por ello, la sociología jurídica constituye un auxiliar necesario de la función de legislar (Sociología jurídica, trad. de Luis Diez Picazo, Ed. Tecnos, Madrid, 1977, p. 242, y, en general, el cap. IV).

[13]

LAFAILLE, H.: Sucesiones, cit., t. II, n° 196.

[14]

Así lo señalaba la recordada y respetada jurista María J. MENDEZ COSTA: Legítima y sociedades de familia, L. L. 1979-D-239; LO PRETE, Octavio, Acciones protectoras de la legítima, cit., p. 29.

[15]

PRAYONES, Eduardo: Derecho de sucesión, Editorial Ciencias Económicas, Bs.As., 1957, p. 227/228; GRISETTI, Ricardo Alberto: Análisis constitucional de la legítima hereditaria en el Código Civil y Comercial, L. L. 2017-C-796; HERNANDEZ, Lidia B.-UGARTE, Alejandro A.: Tratado de las sucesiones, Abeledo Perrot, Bs.As., 2020, t. II, p. 251/252; GUTIERREZ DALLA FONTANA, Esteban: La protección de la familia como política del Estado constitucional de derecho a través de la legítima hereditaria, Tesis, Universidad Católica de Santa Fe, 2020; FERRER, Francisco A.M. : Flexibilización de la legítima: aciertos, desaciertos, constitucionalidad del sistema, El Derecho 14/X/2020, t. 289; etc..

[16]

FORNIELES, Salvador: Tratado de las sucesiones, 4ta. ed. TE, Bs.As., 1958, t. II, n° 124, p. 123/124; NATALE,. Roberto M.: La acción de reducción, Edición de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, 2008, p. 27/28.



Esta obra se publica bajo una Licencia Creative Commons de Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd).
Se permite el uso personal, la reproducción y puesta a disposición de terceros sin fines comerciales. Velando por el respeto de los derechos intelectuales, se deberá mencionar la autoría y a Rubinzal Culzoni Editores en todos los casos. No se permite la generación de obras derivadas.
Para acceder a más obras de acceso libre, ingrese en www.rubinzalonline.com.ar

Volver a la página principal.