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Un código de avanzada congruente con los tiempos difíciles que se viven

Autora:  Esperanza, Silvia L.

Cita: RC D 259/2021

Encabezado:

El 21 de abril del año 2021 la legislatura de la Provincia de Corrientes sancionó la Ley 6556 que aprobó el Código Procesal Civil y Comercial para la provincia. La autora analiza los institutos incorporados y la nueva normativa que, a la vez de ser actual, satisface las necesidades de los operadores jurídicos y se adecúa a las exigencias constitucionales.


Un código de avanzada congruente con los tiempos difíciles que se viven

La Comisión de Asuntos Legislativos de la H. Cámara de Diputados, ha recibido de la Comisión Redactora[1] el Anteproyecto del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes el 13 de noviembre del año 2019. El 21 de abril del año 2021 la legislatura sanciona la Ley 6556 y el 13 de mayo el Poder Ejecutivo promulga el flamante Código que entrará a regir el primer día del mes siguiente de cumplirse seis meses desde su promulgación. 

Con esta reforma se posiciona a la provincia con la normativa procesal civil más moderna del país. Veamos el porqué de nuestro calificativo.

El Código consta de un Título Preliminar y Cinco Libros. En el Título Preliminar nos encontramos con los principios, valores y sistemas que rigen al proceso. 

Así, la garantía más destacada del proceso, que se incluyó en la reforma constitucional de 1994 (art. 75, inc. 22, CN), que consagra a la tutela judicial efectiva, -establecida en los arts. 8 de la Convención Americana de Derecho Humanos, 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos-, fue plasmada para adecuar la normativa procesal a las nuevas exigencias constitucionales de la tutela judicial efectiva y con ella se inicia el articulado, para luego garantizar la inmediatez, concentración y la oralidad, este último denota características que lo hacen único en el país. Continúa con los deberes de las partes, destacándose el de veracidad y de no exigibilidad de otra conducta. Otro precepto es el principio de adaptabilidad de las formas procesales por parte del juez en la medida que no se violente el debido proceso. Así también, la colaboración de las partes que intervienen en el proceso, generando el incumplimiento un indicio en su contra. 

El Libro Primero, titulado Parte General, contiene varias novedades que sucintamente informamos: vinculado al poder que se debe presentar en el proceso, la norma contiene la libertad de las formas consagradas en el Código Civil y Comercial, sin perjuicio de que el juez podrá solicitar la ratificación en cualquier oportunidad; en cuanto al domicilio, obligación de denunciar domicilio electrónico. Las personas vulnerables tienen todo un capítulo dedicado a ellas. Así, se aprecia el lenguaje que debe emplearse, la gratuidad de las actuaciones y la flexibilidad de las formas. 

En este Libro de manera específica se normativizó el incumplimiento de órdenes judiciales y las sanciones que podrían aplicarse desde medidas coercitivas o sanciones pecuniarias compulsivas, sanciones conminatorias a terceros las que serán a favor del litigante perjudicado o bien optar por aplicar multas con entidad suficiente, todo ello afín con el deber de decir verdad, actuar con lealtad, buena fe y colaborar con el proceso. 

Se ha establecido en el Capítulo de las actuaciones en general el expediente electrónico y la notificación electrónica.

No es común que un Código contenga definiciones, sin embargo, con fines didácticos dispone algunos conceptos, como ser interrupción o suspensión de los plazos y los efectos de los recursos apartándose de la denominación clásica, aunque con un lenguaje claro.

En cuanto a las vías para plantear las nulidades se destaca la acción autónoma de nulidad cuando se pretende la nulidad de sentencia firme dictada en proceso viciado. Detalla las nulidades absolutas y las relativas y como novedad la nulidad por contenido de los actos procesales. 

En cuanto al beneficio de litigar sin gastos, tramitará por vía incidental, estableciéndose de manera clara la competencia para plantear cuando se deduce de modo previo al proceso principal.

Otra novedad, es la regulación de las medidas anticautelares, de esta manera la provincia se convierte en pionera, como lo fue cuando incorporó al Código[2] la revocatoria in extremis, cautelar innovativa y, como proceso urgente: la medida autosatisfactiva. Este novel instituto en nuestro país -porque países de Europa tienen regulado- persigue evitar los abusos del derecho en las pretensiones cautelares.

En el Capítulo de prueba, las novedades destacadas se encuentran en relación a la preservación y producción anticipada de la prueba y las que se encuentran en soportes distintos al papel, estas últimas colocan al Código como vanguardista, pues no hay norma procesal que regulen específicamente.

El Capítulo vinculado a los hoy llamados Modos anormales de terminación del proceso, que la nueva normativa designa "Modos extraordinarios", ha incorporado la sustracción de materia litigiosa[3].

Otro gran cambio es referente a los recursos, se concederán con efecto suspensivo o no suspensivo y trámite inmediato o diferido. Como principio general se establece, que los recursos contra las sentencias definitivas se concederán con efecto suspensivo y trámite inmediato, salvo pocas excepciones y las que se dicten antes de la sentencia de mérito, el recurso se concede con efecto no suspensivo y trámite diferido, con pocas excepciones. 

El Libro Segundo, denominado Parte Especial, el gran cambio que se advierte es la desaparición de la clasificación de procesos de conocimiento, sumarios y sumarísimos. A partir de la entrada en vigencia existirán cuatro tipos de procesos: a) proceso ordinario por audiencia, b) proceso abreviado, c) procesos urgentes y d) procesos especiales. 

En el Proceso Abreviado tramitarán las siguientes causas: curatela, materia de vecindad, medianería y locaciones, autorización para ejercer actos jurídicos, pretensiones de derecho individual de consumo, pretensiones posesorias, demandas cuyo capital reclamado no exceda los cincuenta (50) jus.

En los Procesos Especiales se encuentran, el declarativo de certeza, copia y renovación de títulos, desalojo, limitación de la capacidad jurídica, monitorio y ejecutivo.

En cuanto al desalojo, quien pretenda puede optar por la vía del proceso abreviado o por el proceso monitorio. También, se regula el denominado anticipo de desalojo para los casos en que se dirija contra intrusos o se trate de la causa de falta de pago o vencimiento del contrato.

Otro capítulo dentro del Título de Procesos Especiales, es el que novedosamente se ha denominado "Proceso sobre la limitación de la capacidad de las personas", en el que tiene una participación muy activa el juez y el cuerpo interdisciplinario que deberá expedirse con precisión sobre más de diez aspectos que el Código específica y que son la base sobre la cual el juez sentenciará.

La otra novedad es el Proceso Monitorio, que de las distintas clases de monitorio, el legislador ha adoptado por el monitorio documentado, excluyendo de este tipo de proceso expresamente, el trámite del pago de una obligación instrumentada mediante los títulos valores previstos en el CCC y las leyes especiales, también se excluyó el pago de una obligación dineraria de cualquier importe, liquida o fácilmente liquidable, determinada, vencida y exigible no instrumentada en un título ejecutivo, estos dos supuestos tramitarán por el proceso ejecutivo. 

Esta clase de proceso, a elección se puede presentar en los formularios que oportunamente establezca el Superior Tribunal de Justicia, el juez realizará un examen preliminar, si considera que se deben precisar algunas cuestiones, concede un plazo de cinco (5) días para subsanar, dicta sentencia monitoria, y el requerido en un plazo de diez (10) días podrá cumplir la sentencia monitoria, interponer una "demanda de oposición", de admitir el juez esta demanda tramitará por el proceso abreviado. De no existir oposición por parte del requerido, el funcionario certificará que la condena monitoria tiene carácter de título ejecutivo judicial.

En relación con el Proceso Ejecutivo, la novedad consiste en que se ha eliminado el mandamiento de ejecución y pago. Se incorporó la notificación por medio de cédula en la que se hará saber que el pago deberá efectuar en el banco para depósitos judiciales, se dispondrá el embargo ejecutivo sobre los bienes del deudor.

Los Procesos Urgentes están previstos para tramitar: amparo contra particulares y medidas autosatisfactivas. 

Todas las demás cuestiones que no se han detallado en los procesos particulares tramitaran por el proceso ordinario por audiencia.

El sistema de oralidad que se enunció en el Título Preliminar se lleva a la práctica en el proceso ordinario por audiencia, que cuenta con dos grandes momentos, uno denominado audiencia preliminar, la característica, a diferencia de otras provincias que lo han regulado, es que el juez oirá a las partes en la "exposición del caso". Luego fija definitivamente el objeto del proceso, los hechos a probar, abre la causa a prueba y determina la fecha de la audiencia final, que debe celebrarse en un plazo no mayor a ciento veinte (120) días. La audiencia final -apelativo que difiere de otras normas que denominan "audiencia de vista de causa"-. Se debe celebrar con la presencia del juez, será videograbada, excepto en el momento de la conciliación, terminada la recepción de las pruebas, las partes alegaran verbalmente, alegato que no podrá ser sustituido por el escrito. Posteriormente, el juez de ser posible dicta pronunciamiento en el acto. La peculiaridad de estas dos audiencias se basa en que el juez no puede delegar la función bajo pena de nulidad absoluta.

Con respecto al Proceso Abreviado, la impronta es que la presentación se efectuará por medio de formularios, mas allá si el profesional desea realizarlo de la forma tradicional. Por su naturaleza los plazos son muy breves de tres (3) y cinco (5) días. El procedimiento cuenta con limitaciones para que, justamente se pueda cumplir "la abreviación del proceso", así no es admisible la reconvención, las excepciones y defensas se resuelven con la sentencia, los testigos no pueden ser más de tres, no procede los alegatos, y se realiza una única Audiencia Final. La sentencia debe dictarse en un plazo no mayor a los diez (10) días.

En el Libro Tercero se desarrolla la Ejecución de sentencias de tribunales argentinos y extranjeros, así también lo referente a las liquidaciones bienes, destacándose en este Libro la subasta electrónica.

El Libro Cuarto se normativizó el Proceso Sucesorio, adaptándose al Código Civil y Comercial de manera clara y sencilla.

En el último Libro, el Proceso Arbitral, en este aspecto se han tomado como fuente las normas internacionales vigentes en la materia, y las conclusiones de los eventos científicos, lo que hacen que sea el único Código que tenga regulado de esa forma y podría convertir a Corrientes en sede de los arbitrajes del país por su moderna regulación.

Consideramos cumplida la tarea que nos han confiado, se ha trabajado con empeño y entusiasmo en pos de una normativa que, a la vez de ser actual, satisfaga las necesidades de los operadores jurídicos. El ideario activista deja de ser pretoriano y pasa a ser legislado en la Provincia de Corrientes. Sea pues bienvenida la nueva normativa.

[1]

Estaba integrada por representantes de: a) Superior Tribunal de Justicia, b) Ministerio Público, c) Círculo de Estudios Procesales "Dr. José Virgilio Acosta", d) Colegio de Magistrados y Funcionarios, e) Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), f) Colegios de Abogados, g) Facultad de Derecho de la Cuenca del Plata, h) Universidad Católica de Salta -delegación Corrientes-, i) Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste; j) Asociación de Mujeres Juezas de la República Argentina (AMJA).

[2]

El proyecto de ley fue presentado por el Superior Tribunal de Justicia a la Legislatura, ante propuesta elevada por quien escribe estas líneas, en esos momentos Secretaria de Jurisprudencia, y que diera origen a la Ley 5745.

[3]

La CSJN, ha echado mano a esta herramienta procesal en el reciente y resonado caso "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ Acción declarativa de inconstitucionalidad", 4.5.2021, CSJ 567/2021, originario.



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