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La problemática de las demandas repetitivas

Autora:  Bermejo, Patricia

Cita: RC D 337/2021

Encabezado:

La sociedad de masas provocó una transformación cultural en todos los ámbitos de la vida, entre ellos, en la prestación del servicio de justicia. Sin embargo, esa uniformidad en el contenido de los litigios demostró recibir una respuesta procesal insuficiente. En este sentido, la autora analiza las demandas llamadas de masa o causas repetitivas que requieren un régimen procesal propio, con dogmática específica, para lograr una solución prioritaria, racional y uniforme, en pos de consolidar a la seguridad jurídica.


Sumario:

I. Introducción. II. Principios conculcados. II.a) Principio de isonomía. II.b) La igualdad ante la ley. III. Soluciones.


La problemática de las demandas repetitivas

I. Introducción

La sociedad de masas, producto de la revolución industrial, provocó una transformación cultural en todos los ámbitos de la vida, entre ellos, en la prestación del servicio de justicia. Esos múltiples conflictos originados en situaciones iguales, al plantearse ante los tribunales, se encausaron a través de normas pensadas para tramitar y decidir juicios individuales. Con posterioridad, aparecieron los procesos colectivos, si bien en nuestro país aun pendiente de regulación específica. 

Esa uniformidad en el contenido de los litigios demostró recibir una respuesta procesal insuficiente. Prueba de esa carencia es el dictado de sentencias distintas en conflictos iguales. No se trata sólo de los diversos criterios aplicados al dirimir las disputas individuales justificados en la diversidad propia de esas contiendas. Sino que, a pesar de la inexistencia de razones objetivas que los distingan, las que justificarían una decisión diferente, los pronunciamientos son divergentes. Es cuando un litigante, neófito en derecho, se pregunta por qué su problema tuvo una suerte distinta al de otro cuando la cuestión era la misma. Si bien podemos estar acostumbrados a que esto ocurra y admitirlo con resignación, al no ser una situación deseada, debe buscarse remediarla. 

Esas demandas llamadas de masa o causas repetitivas resultan de actividades reiteradas y pueden surgir de conflictos en el sector público o en la iniciativa privada[1]. De tal manera, supera la dicotomía entre derecho público y privado, pues se pretende una nueva tutela a los derechos originados de la transformación del Estado liberal en un Estado providencia[2]. Basta pensar en la realidad que hoy acontece de la coexistencia de procesos colectivos con juicios individuales por los mismos reclamos y que tramitan en distintos procesos a lo largo de nuestro país.

Por ello, esas causas repetitivas requieren un régimen procesal propio, con dogmática específica, para lograr una solución prioritaria, racional y uniforme[3]. No se trata más que de consolidar a la seguridad jurídica.

Ya sea que se trate de litigantes habituales o eventuales o esporádicos[4], todos están sometidos a esta posibilidad. La potencialidad en la resolución diferente de cuestiones iguales se da en muchos ocasiones. La aleatoriedad en cómo se dirimen los litigios individuales confluye en que cualquier causa sea susceptible de un resultado diverso, lo que es una situación que la coherencia abstracta de un sistema debiera tratar de evitar. Si tal anomalía no procurara resolverse, se sacrificaría al principio de igualdad que abraza a todos quienes acuden a los tribunales.

En estas líneas se procurará, en forma sintética, plantear el tema, observar los principios y apreciar las soluciones posibles. 

II. Principios conculcados

El evitar dictar sentencias distintas en contiendas análogas pretende impedir la vulneración de dos principios: el de isonomía y el de igualdad ante la ley. 

II.a) Principio de isonomía

Se entiende por tal la necesidad de conferirse tratamiento idéntico a quien se encuentra en idéntica situación. Se ofende al sentido común encontrarse con situaciones en que determinado sujeto no logra éxito en su demanda judicial, cuando otro, en la misma condición, tiene su pleito atendido[5], aún más cuando se trata de demandas de masa, en que la situación de los interesados se revela absolutamente análoga. En estos supuestos, todos quienes perdieron en su pretensión quedan descreídos de la Justicia y se sienten defraudados por el sistema. Así, al menoscabarse a la igualdad, quien ve menguado su poder es la Judicatura. No se agrede impunemente a la isonomía, por lo que se trata de un valor inestimable para que el Derecho lo preserve[6].

II.b) La igualdad ante la ley

Otro de los principios conculcados es el de la igualdad. Este derecho es de orden fundamental, en tanto es uno de los que les corresponde universalmente a todos los seres humanos por estar dotados del status de persona. Es, como menciona Ferrajioli, un precepto que prescinde de los intereses y necesidades tutelados[7].

Está incluido expresamente en el art. 16 de nuestra Constitución nacional para todos los habitantes, al igual que lo receptan los instrumentos internacionales incorporados en su art. 75, inc. 22. Así, tanto el art. 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; el Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en sus artículos 3[8], 14[9] y 26[10]; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también lo regula en el art. 3[11]; la Declaración Universal de Derechos Humanos[12] y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre[13].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en muchos de sus precedentes, ha vinculado al principio de protección igualitaria con el de no discriminación, pues ambos ocasionan desigualdad[14]. Sin embargo, en el supuesto que estamos desarrollando de las anomalías que pretenden subsanarse con una vía que responda a las demandas repetitivas y a los desafíos que ellas plantean se relaciona especialmente con el evitar la desigualdad y no la discriminación. 

Si la cuestión a decidir fuera igual y la solución fuera distinta, no tiene por qué haber discriminación aunque sí desigualdad, la cual es reprobable cualquiera sea la índole de los derechos en juego[15]. Aún cuando los de orden patrimonial sean disponibles y susceptibles de renunciarse, ello dependerá de la voluntad de su titular y no de una forma de impartir justicia a su respecto.

III. Soluciones

Las salidas para sortear esta irregularidad son diversas. Algunas de ellas son las que se pasan a describir:

a) La jurisprudencia: Los sistemas que encuentran las soluciones uniformadoras por medio de la jurisprudencia, nos acercan al sistema del common law, por la fuerza atribuida a las decisiones judiciales como factor para dirimir las causas repetitivas. Este mecanismo se asienta en el sistema de jurisprudencia obligatoria, como con los fallos plenarios, regulados en nuestro país, o las súmulas vinculantes del derecho brasileño, los cuales refuerzan a la utilización de aquélla como fuente primaria del derecho. Por ello, se sostiene que las salidas para eliminar las divergencias jurisprudenciales -en este supuesto por vía de la misma jurisprudencia-, llevaría a equiparar las interpretaciones legales para casos iguales y se evitaría la solución judicial diferenciada[16]

La dificultad de esta alternativa reside en la potencial congestión recursiva que podría originar. Acorde Marques da Porta, en referencia a la experiencia de Brasil, aun cuando se vea con simpatía a la posibilidad de recurrir, la cantidad de jueces por habitante, en ese país, es de un magistrado cada 23.000 y la media en Europa es de un juez cada 5000 habitantes[17]

b) La solución en el derecho comparado por vía regulatoria: En otros ordenamientos se procura la prevención de esta anomalía por mecanismos específicos. Claro está, cuando la ley pauta una salida, será común para cualquier litigante en cualquier proceso. Ejemplo de lo relatado es el Código Procesal Civil y Comercial de Brasil sancionado en el año 2016; del musterverfahren del derecho alemán; de la Orden de Litigación Grupal inglesa (Group Litigation Order, GLO), incorporado al proceso inglés en el año 2000; del modelo europeo continental de la Verbandsklage, empleado en Alemania, Francia e Italia llamado de las "acciones asociativas". Otra solución reglada es la Multidistrict Litigation (MDL) de la Regla 28 sección 1407 de las Reglas Federales de Procedimiento de los Estados Unidos. Esta se incorporó al Código Judicial de los EEUU en 1968 y permite la transferencia temporal de las acciones civiles que involucren cuestiones fácticas comunes a un único Juzgado de Distrito (de primera instancia federal) para la coordinación de los procedimientos en el pretrial, luego de lo cual los procesos retornan a sus tribunales iniciales[18]

c) El recurso de inaplicabilidad de ley en el orden nacional: En nuestro país una alternativa para evitar la discordancia en las soluciones para casos iguales lo brinda este recurso ordinario. Regulado entre los artículos 288 a 303 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, se prevé para el supuesto de existir jurisprudencia divergente entre las salas de la misma Cámara Nacional. También los fallos plenarios se regulan en las distintas legislaciones locales con mecanismos propios (v.gr. art. 37 de la Ley 5827 en la Provincia de Buenos Aires).

De todas maneras, este remedio ha recibido algunas críticas. Por ejemplo, una de ellas es que se requiere de la interposición de un recurso, por lo que el órgano revisor no puede avocarse a intervenir en un litigio particular, sino es a petición de parte. Por ende, de no haberse articulado una impugnación, no existiría la posibilidad de uniformar.

d) Radicación ante el mismo órgano: Esta es una opción que permite que el mismo Juez pueda intervenir en causas en las que exista conexión y, de tal manera, disminuir la probabilidad de decisiones contradictorias. De haber coincidencia entre las partes de un juicio o identidad por el objeto, las causas podrán tramitar ante el mismo magistrado e, incluso, podrían acumularse, siempre que éstas se encuentren en la misma jurisdicción.

Así ha acontecido, por ejemplo, cuando se interponen acciones individuales por reclamos que hubieran podido tramitar por un proceso colectivo[19] o, incluso, como ocurre cuando tramita un proceso colectivo y varios individuales distribuidos en órganos de todo el país.

Sin embargo, tal radicación no sería posible cuando la competencia por el lugar sea diversa, como acontece en los reclamos por la Ley 24240, en los que el domicilio del consumidor reclamante sea diverso.

IV. Conclusión

Lo expuesto pretende visibilizar un problema suscitado al tramitar varias causas idénticas cuando no se procura que, en lo esencial, las decisiones sean comunes o sigan una misma pauta rectora, justamente para evitar las sentencias disímiles. Podría pensarse en lo ocurrido en nuestro país con el denominado "corralito financiero"[20] y cómo de haber contado con un sistema como éste se hubiera logrado mayor celeridad y uniformidad en los pronunciamientos emitidos.

Así como sobre esta divergencia se avanzó en el derecho comparado es una asignatura pendiente para enfrentar y solucionar en nuestro país.

[1]

Carneiro Da Cunha, Leonardo José, O regime processual das causas repetitivas, publicado en RePro, 2010, nº 179, pp.139 y ss.

[2]

Didier JR, Fredie y Zaneti, Hermes, Curso de Direito Processual colectivo -Processo coletivo, tercera edición, Salvador, JusPodivm, 2008, vol. 4, pág. 34.

[3]

Ob. cit. nota al pie 1

[4]

Según Carneiro Da Cunha la percepción de la existencia de dos tipos de litigantes no es reciente. Se remonta, por lo menos, a las discusiones de acceso a la justicia, habidas en mediados del siglo XX. Aprecia este autor que esta distinción se transparenta con más evidencia en el creciente número de demandas repetitivas. Ob. cit. nota al pie 1.

[5]

Manifiesta Paulo Roberto da Oliveira Lima que nada disgusta más al brasileño medio, al menos aquel consciente de su propia ciudadanía, que recibir tratamiento discriminatorio. La Constitución de Brasil de 1988, en la estela de fuerte presión popular, rompió con varios privilegios ya tradicionales. Se trata, según da Oliveira, seguramente, del sentimiento que más concretamente habla al hombre de hoy sobre Derecho y Justicia. En estas circunstancias, afirma, el sistema jurídico no puede dejar sin remedio adecuado a casos de juzgamientos dispares que confunden a los protagonistas, dejan perpleja a la sociedad y desorganizan al medio social. Autor citado, Contribução à teoria da coisa julgada, São Paulo: Ed. RT, 1997, n. 8.7, p. 110.

[6]

Ob. cit. nota al pie 1, pág. 110

[7]

Ferrajioli, Luigi, Derechos y garantías. La ley del más débil, Editorial Trotta, Madrid, 1997, pág. 38. Acorde este autor, sólo la ciudadanía y la capacidad de obrar son las únicas diferencias de status que aun delimitan la igualdad de las personas, en tanto se pueden hablar de dos grandes divisiones dentro de los derechos fundamentales: los derechos de la personalidad y los derechos de la ciudadanía. Ob. cit, pág. 40.

[8]

Artículo 3: "Equidad entre hombres y mujeres. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos econo?micos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto".

[9]

Artículo 14: Derecho a la igualdad ante la ley; el derecho a la presunción de inocencia hasta que se pruebe la culpabilidad y a un juicio justo y público por un tribunal imparcial.

[10]

Artículo 26: Derecho a la igualdad ante la ley y a una misma protección.

[11]

Artículo 3: Derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en el disfrute de sus derechos civiles y políticos.

[12]

Art. 10: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oi?da pu?blicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinacio?n de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusacio?n contra ella en materia penal".

[13]

Artículo II "Todas las personas son iguales ante la Ley y tienen los derechos y deberes consagrados en esta declaración sin distinción de raza, sexo, idioma, credo ni otra alguna".

[14]

La Corte Interamericana se ha expedido sobre la diferencia del concepto de igualdad contenido en los arts. 1.1 y 24 de la Convención Americana. En tal sentido ha expuesto que "... mientras la obligación general del artículo 1.1 de la Convención Americana se refiere al deber del Estado de respetar y garantizar 'sin discriminación' los derechos contenidos en dicho tratado, el artículo 24 protege el derecho a 'igual protección de la ley'. El artículo 24 de la Convención Americana prohíbe la discriminación de derecho o de hecho, no sólo en cuanto a los derechos consagrados en la misma, sino en lo que respecta a todas las leyes que apruebe el Estado y a su aplicación. Es decir, no se limita a reiterar lo dispuesto en el artículo 1.1 de la Convención, respecto de la obligación de los Estados de respetar y garantizar, sin discriminación, los derechos reconocidos en dicho tratado, sino consagra un derecho que también acarrea obligaciones al Estado de respetar y garantizar el principio de igualdad y no discriminación en la salvaguardia de otros derechos y en toda la legislación interna que apruebe" (CorteIDH, in re: "Espinoza Gonzáles vs. Peru?", sent. del 20 de noviembre de 2014, parágrafo 217). Estos conceptos se volcaron también en los fallos de otros casos contenciosos de la Corte Interamericana, v.gr. "Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Paraguay", sent. del 24 de agosto de 2010, parágrafo 269; "Barbani Duarte y otros vs. Uruguay", sent. del 13 de octubre de 2011, parágrafo 174.

[15]

Si bien se distingue entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales, por ser los primeros universales, irrenunciables, indisponibles, inviolables, por eso se dice que son normas, en tanto se identifican con las mismas disposiciones que la prevén y, los segundos, los de orden patrimonial, son disponibles, renunciables y están predispuestos por normas, en tanto son actuaciones singulares, dispuestas en normas singulares, en ninguno de los dos supuestos debieran existir soluciones disímiles para casos iguales. Ver Ferrajioli, ob. cit., pág. 49.

[16]

Preocupado con tal situación, retratada en casos que caracterizan lo que llama jurisprudencia lotérica, Eduardo Cambi, en interesante estudio, sugiere la adopción de medios para eliminar la divergencia jurisprudencial. CAMBI, Eduardo. Jurisprudencia lotérica, RT 78/108-128, São Paulo: Ed. RT, abril 2001.

[17]

Marques Porto Sá Pinto, Luis Filipe, Técnicas de tratamiento macromolecular dos litigios. Tendencia de coletivizacao da tutela procesual civil, Revista de Processo 185, año 35, julio de 2010, pág. 140.

[18]

Wright, Charles Alan, Law of Federal Courts, Hornbook Series, Student Edition, West Publishing, pág. 257. Para una lectura comparativa del sistema de Brasil y del MDL ver Verbic, Francisco, El incidente de resolución de demandas repetitivas en el Proyecto de nuevo Código Procesal Civil Brasileño, Revista de Información legislativa, v. 48, n. 190, tomo 1, pág. 189-201, abril-junio 2011, www2.senado.eg.br/bdsf/handle/id/242891.

[19]

Martínez Medrano, Gabriel, Improcedencia de litispendencia y acumulación por conexidad entre procesos colectivos e individuales, en RDCO 306, 39.

[20]

Verbic, Francisco, ob. cit. nota al pie 18.



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