Rubinzal Online

DoctrinaOnline



La justicia nacional civil, el recurso extraordinario federal y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Autor:  Gil Domínguez, Andrés

Cita: RC D 667/2021

Encabezado:

Recientemente, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó una ley que modifica el art. 26 de la Ley 402, estableciendo la procedencia del recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Superior de Justicia contra las sentencias emanadas de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal. En razón de ello, el autor analiza la coexistencia de los 3 niveles de justicia en CABA, las construcciones jurisprudenciales elaboradas por la CSJN y el impacto constitucional de la reforma.


La justicia nacional civil, el recurso extraordinario federal y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En la historia argentina siempre existieron dos ámbitos jurisdiccionales y dos justicias competentes. El federal y la justicia federal. El provincial y la justicia local. En los territorios nacionales y en la Capital Federal, antes de la reforma constitucional de 1994, se aplicaba el mismo esquema dual: una justicia federal y una justicia nacional como justicia local. Cuando los territorios nacionales fueron adquiriendo el estatus de provincias, las justicias nacionales fueron reemplazadas por la justicias provinciales bajo la órbita de una Corte Suprema de Justicia, Superior Tribunal de Justicia o Tribunal Superior de Justicia como superior tribunal de la causa a los efectos de la interposición y tramitación del recurso extraordinario federal.

Con la reforma constitucional de 1994, la Ciudad de Buenos Aires se transformó como Ciudad Autónoma en un sujeto federado que se ubica, en la silueta del Estado federal, con la misma gradación jerárquica que las provincias, pero a la vez, mantiene el carácter de Capital Federal de la República Argentina. Mientras se sostuviera esta situación una ley debía garantizar los intereses del Estado nacional, y por ese motivo, en 1995 se sancionó la Ley 24588 (conocida popularmente como "Ley Cafiero") la cual en el artículo 8 estableció que la justicia nacional de la Ciudad de Buenos Aires continuaba a cargo del Poder Judicial de la Nación y que la CABA solo tendría facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría.

A partir de dicho momento se creó un esquema inédito en la historia de la justicia argentina, en el ámbito territorial de un sujeto federado coexistían tres niveles de justicia (la federal, la nacional desvinculada de la Constitución local y aplicando derecho común pero tratada en su relación con la Corte Suprema de Justicia y en los mecanismos de designación y remoción de los magistrados como si fuera un fuero federal y una justicia local que no aplicaba el derecho común). Esta anomalía constitucional comenzó a ser reparada mediante una serie de convenios interjurisdiccionales de transferencia de competencias penales de la justicia nacional a la justicia penal, contravencional y faltas local como el preludio de un proceso de trasferencia progresivo de la totalidad de la justicia nacional al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habida cuenta de la situación de objetiva desigualdad a la que son sometidos los habitantes de la CABA respecto de los habitantes del resto de las provincias.

En 2008 mediante la sanción de la Ley 26357 se aprobó el primer Convenio de Transferencia Progresiva de Competencias Penales de la Justicia Nacional al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El período 2008-2021 fue un triste testigo de la omisión en la concreción de la transferencia debido a cuestiones de índole corporativas ajenas al mandato constitucional.

Como siempre sucede con las defecciones constitucionales de los representantes del pueblo, la Corte Suprema de Justicia, mediante una argumentada construcción jurisprudencial aplicando la Constitución argentina, comenzó a concretar aquello que el ocio rentado de la política no había hecho mediante un esquema que puede visualizarse de la siguiente manera:

Autonomía de CABA = Fallos CSJN ("Corrales"+ "Nisman" + "Bazán" + "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Córdoba, provincia de s/ ejecución fiscal" + "Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional s/ acción declarativa")

La fórmula descripta establece constitucionalmente respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo siguiente:

- La CABA es un sujeto aforado de la competencia originaria al igual que las provincias a pesar de no figurar expresamente en el texto del art. 117 de la Constitución argentina.

- La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es una ciudad constitucional federada. Constitucional porque es la única designada expresamente por su nombre y con atributos específicos de Derecho Público en la Constitución Nacional, a diferencia de las otras ciudades que son aludidas genéricamente al tratar los municipios de provincia. Federada porque integra de modo directo el sistema federal argentino conjuntamente con los restantes sujetos políticos que lo componen.

- Habiendo pasado veinticinco años de la sanción de la constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y veintisiete de la reforma de la Constitución argentina no se concretó de manera íntegra y definitiva la transferencia de la justicia nacional ordinaria al ámbito que constitucionalmente le corresponde, y por dicha razón, la CABA permanece con sus instituciones inconclusas, detentando un poder ejecutivo y una legislatura en pleno funcionamiento y un poder judicial incompleto.

- La demora en concretar definitivamente la transferencia de la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un desajuste institucional grave que afecta el funcionamiento del federalismo e impacta en la distribución de los recursos públicos en la medida en que -como consecuencia de dicha omisión- las veintitrés provincias argentinas se hacen cargo de financiar los gastos que demanda el servicio de administración de justicia del restante distrito.

- El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano encargado de conocer en los conflictos de competencia que se susciten entre dos órganos jurisdiccionales con competencia no federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estos es, entre la justicia nacional y la justicia de la CABA.

El último contenido constitucional, emergente del caso "Bazán", inmediatamente generó la cuestión sobre la competencia del TSJ cómo órgano superior de la justicia nacional respecto de la tramitación del REF ante la Corte Suprema de Justicia.

Un primer intento en la aplicación del estándar precisado por la Corte Suprema de Justicia fue la tramitación de la causa "Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción meramente declarativa" (Expediente Nº 1600/2019) ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 7 de la Ciudad Autónomo de Buenos Aires. En dicho caso se promovió una acción declarativa de certeza constitucional colectiva con el objeto de despejar el estado de incertidumbre constitucional colectiva que el fallo "Bazán" generó respecto de la determinación del superior tribunal de la causa respecto de la interposición del REF. El juez interviniente resolvió dar trámite al proceso colectivo teniendo en cuenta el carácter colectivo de la acción intentada y en virtud de la aplicación del principio pro actione. Increíblemente la Fiscal Laura Perugini apeló la decisión y solicitó que la acción colectiva fuera rechazada in limine. La Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario hizo lugar a la apelación de la Fiscal. El rechazo de la acción colectiva promovida fue lamentablemente una valiosa oportunidad desperdiciada por la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para determinar una cuestión vinculada directamente con el sistema de derechos. El fallo de la Sala III desconoció el sistema de fuentes constitucional argentino olvidando que los holding de los fallos de la Corte Suprema de Justicia por imperio del principio de stare decisis irradian sus contenidos más allá del caso concreto. La sentencia de la Sala III impuso que los abogados y el justiciable fuesen los que determinen, en el marco de un caso concreto, si se debía interponer un REF o un recurso de inconstitucionalidad ante una sentencia de una Cámara Nacional de Apelaciones a costa de perder el caso y que no se reconocieran sus derechos y garantías.

Una segunda respuesta surgió del propio TSJ al resolver el caso "Levinas" estableciendo que la sentencia dictada por la Sala A de la Cámara Nacional en lo Civil era susceptible de ser recurrida ante el TSJ mediante la promoción de un recurso de inconstitucionalidad local como paso previo al REF pata intentar arribar a la Corte Suprema de Justicia.

Otra concretización surgirá eventualmente de la propia Corte Suprema de Justicia cuando resuelva -y espero que sea en breve- el caso "Levinas" y otros casos que tiene a estudio.

El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y el Misterio Público creado por el Decreto 635/2020, en el extenso Informe Final, recomendó que a través de una ley sancionada por el Congreso debía establecerse que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires constituye el superior tribunal de la causa de la justicia nacional a los efectos de la interposición y tramitación del recurso extraordinario federal con una entrada en vigencia progresiva y en el marco de acuerdos interjurisdiccionales. Dicho dispositivo normativo no solo garantiza la igualdad de los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires respecto de los habitantes de las provincias, sino también, forma parte de una propuesta integral y sistémica de "filtros" y "grifos" con el objeto que la Corte Suprema de Justicia ponga una mayor atención a la resolución eficaz de los casos donde se interpreta el alcance de la Constitución y los Instrumentos Internacionales sobre derechos humanos.

La sanción de la ley que modifica el art. 26 de la Ley 402 estableciendo que "el recurso de inconstitucionalidad se interpone contra la sentencia del tribunal superior de la causa emitida por los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires o los integrantes de la Justicia Nacional de la Capital Federal" es formalmente inválida puesto que la Legislatura de la CABA no tiene competencia constitucional para implementar este necesario dispositivo normativo de forma unilateral.

Una vez que dicha norma local entre en vigencia el problema se traslada a los justiciables y a los abogados y las abogadas que, en un plazo de diez días, tienen que decidir como una suerte de tómbola si interponen un RI local o un REF ante las sentencias de las Cámaras Nacionales. 

Una vez más las personas y sus derechos puestos en situaciones de apremio y angustia por las omisiones de la política de todos los colores partidarios de negarse a cumplir una y otra vez con la Constitución a pesar de sus claros mandatos.



Esta obra se publica bajo una Licencia Creative Commons de Atribución – No Comercial – Sin Obra Derivada (by-nc-nd).
Se permite el uso personal, la reproducción y puesta a disposición de terceros sin fines comerciales. Velando por el respeto de los derechos intelectuales, se deberá mencionar la autoría y a Rubinzal Culzoni Editores en todos los casos. No se permite la generación de obras derivadas.
Para acceder a más obras de acceso libre, ingrese en www.rubinzalonline.com.ar

Volver a la página principal.